Según un comunicado difundido en Tokio a través de la Cancillería de Japón, el G7 exige "el fin inmediato del régimen de emergencia, restaurar el poder de un gobierno elegido por vía democrática, liberar a los prisioneros injustamente encarcelados y respetar los derechos humanos y el Estado de derecho" en Birmania.
Los ministros señalan que "los resultados de las elecciones de noviembre deben ser respetados y el parlamento debe ser convocado lo antes posible".
También expresaron preocupación por las restricciones a los medios de comunicación en Birmania.
El ejército de Birmania dio el golpe de Estado el 1 de febrero por la mañana y puso en la cárcel a la consejera de Estado Aung Suu Kyi, al presidente Win Myint y a otros miembros de alto rango de la Liga Nacional para la Democracia (NLD).
La fuerza anunció un estado de emergencia por un año en el país y prometió "tomar medidas" contra el presunto fraude electoral durante las elecciones generales del 8 de noviembre, en las que el partido NLD de Suu Kyi ganó rotundamente.
Los militares dijeron que estaba comprometido con el sistema democrático y prometió celebrar elecciones nuevas y justas cuando finalice el estado de emergencia.