Según los datos difundidos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un total de 9.109 personas de las más de 82.000 llamadas a participar en el proceso electoral presentaron alegaciones, lo que supone cerca del 10% de los convocados.
El presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, afirmó, en declaraciones a la cadena de radio Rac1, que las alegaciones en la ciudad nunca habían sido más de 1.000 por lo que "está claro que la gente tiene miedo".
García explicó que la mayoría de las excusas presentadas tienen que ver con el riesgo a infección por el coronavirus, no solo a nivel personal sino por convivir con personas que forman parte de colectivos vulnerables.
Esta situación plantea un problema para formar las mesas el día de votación, por lo que las autoridades electorales se plantean buscar voluntarios para encargarse de las urnas.
Con esto quiere evitarse que los primeros ciudadanos en llegar al colegio para votar se vean obligados a entrar en la mesa, según marca la ley electoral, porque la primera franja del día es la recomendada para los grupos vulnerables.
No obstante, la designación de voluntarios abre la puerta a problemas relacionados con la neutralidad de los comicios.
Incumplir una citación a mesa en elecciones es un delito en España, y puede conllevar una pena de prisión en supuestos graves, y que además consta como antecedente penal.
En paralelo a la avalancha de recursos, el Defensor del Pueblo de Cataluña recibió en los últimos días más de 1.100 quejas de personas designadas para los comicios pidiendo amparo.