"Desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [Acnudh]", indicó HRW en el reporte, publicado en su página web.
Al respecto señaló que los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejó la guerrilla de las FARC tras firmar el Acuerdo de Paz con el Estado en 2016, luego de lo cual diferentes grupos armados ilegales comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.
"La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques", señala el reporte, que destaca que tales asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas de violencia en regiones remotas de Colombia donde la presencia de las autoridades es escasa.
El informe documenta asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas del país más afectadas por estos crímenes, para lo cual HRW entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos de Colombia entre abril de 2020 y enero de 2021.
HRW destaca que la implementación de la paz "ha sido lenta", y recordó que en junio de 2020 el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz (encargado de verificar los avances en la implementación del Acuerdo) concluyó que se habían cumplido apenas 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019.
Según el reporte, "los líderes indígenas representan un porcentaje desproporcionadamente alto de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia", para lo cual menciona cifras de la Oficina del Acnudh que sostiene que 69 líderes indígenas han sido asesinados desde 2016, lo cual representa aproximadamente el 16% de los 421 defensores de derechos humanos asesinados en ese período.
Por último, HRW recomienda al Estado colombiano "reforzar los mecanismos de prevención y protección" para los líderes sociales, así como también "intensificar los esfuerzos para aumentar la presencia del Estado en zonas remotas del país", así como ayudar a desarrollar planes de prevención locales en todos los municipios y departamentos del país.