"Comprometido con reforzar las políticas públicas para proteger la vida, integridad y los derechos de las panameñas, sancioné la Ley 202, que modifica la Ley 82 del 2013 sobre violencia contra la mujer, y la Ley 7 de 2018 referente a la prevención de actos discriminatorios", informó Cortizo en su cuenta de Twitter.
La normativa establece que las mujeres víctimas de alguna forma de violencia tienen derecho a obtener de sus empleadores los permisos para recibir tratamientos o dar seguimiento a los procesos judiciales sin afectar sus derechos laborales.
De acuerdo con la ley, las limitaciones de recursos y la falta de oportunidades para llegar a posiciones relevantes en los partidos políticos constituyen barreras para el total desempeño de las féminas.
El texto contempla como violencia política todas las acciones y omisiones sustentadas con un enfoque de género y en el ejercicio de los derechos, cuyo objetivo sea menoscabar o anular el reconocimiento, goce y las prerrogativas relacionadas con un cargo público.
Según la normativa, la brutalidad política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupos, entre ellos agentes del Estado, colegas de trabajo como superiores jerárquicos y subordinados, organizaciones políticas o sus representantes y medios de comunicación.
A su vez, contempla que la investigación de los casos de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo será expedito, efectivo y confidencial, sin exceder los tres meses a partir de interpuesta la denuncia.