"La APDH (…) convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas", dijo en la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
La declaración salió en respuesta a una seguidilla de órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía contra los jefes de la fuerza pública que participaron en las acciones que provocaron el derrocamiento del presidente Evo Morales (2006-2019) y en cruentas acciones posteriores de represión a manifestantes.
El último afectado por esas órdenes de captura era Yury Calderón, quien ejercía como comandante general de la policía en noviembre de 2019 y está acusado además de no haber frenado los monines policiales que acompañaron a protestas ciudadanas contra un supuesto fraude electoral.
El miércoles 10, la Fiscalía detuvo al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el almirante Flavio Arce, quien se sumó a otros jefes policiales y militares de menor rango detenidos desde principios de año.
Previamente, fiscales emitieron órdenes de detención contra los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Sergio Orellana, quienes, según reportes policiales, salieron del país tras la posesión del actual Gobierno democrático de Luis Arce, surgido de las elecciones de octubre de 2020.
Sobre el excomandante policial Calderón, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Alberto Aguilar, informó este jueves a la prensa que no se presentó a declarar ni pudo ser ubicado en su domicilio.
El comunicado de la APDHB afirmó que militares y policías no hicieron un golpe sino que "salieron a defender al pueblo" y demandó a la Justicia "que sea también parte de este grito y respete los derechos humanos de todos los afectados por esos acontecimientos" de 2019.
El procesamiento de la expresidenta transitoria Jeanine Añez, sus colaboradores y exjefes militares y policiales fue recomendado en octubre pasado por el Parlamento, en base a una investigación que tipificó como masacre a la muerte de una treintena de personas en manifestaciones que fueron reprimidas por la fuerza pública.
Las actuales acciones de la Fiscalía responden a una demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo.