"La GGPPA es constitucional. Establece estándares mínimos para la exigencia de tarifas para reducir emisión de gases de efecto invernadero industriales", falló la Corte Suprema canadiense.
El proyecto, presentado durante los primeros meses de la administración Trudeau, ha sido motivo de enfrentamiento entre el Gobierno federal y varias provincias, entre ellas Ontario, Alberta y Saskatchewan, todas las cuales impulsaron la demanda de inconstitucionalidad.
La justicia canadiense entiende que el impuesto al carbón es un mecanismo sobre el que hay consenso a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ser "una amenaza existencial para la vida humana en Canadá y alrededor del mundo", justificando así la jurisdicción federal sobre el tema.
El fallo recuerda que cada provincia tiene libertad de aplicar su propio plan de impuestos al carbón, siempre que estos estén en consonancia con las normativas federales.