Por nueve votos a dos, el Supremo rechazó una petición del partido PSD, que habría presentado un recurso contra un decreto del Gobierno de Sao Paulo (sureste) que prohibió cultos y misas presenciales en templos e iglesias.
El debate se prolongó durante días y en el ámbito del Supremo, la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Gobierno, se manifestó pidiendo que se permitieran las celebraciones religiosas, alegando la libertad de culto.
Tras las presiones está el importante lobby de las iglesias evangélicas, con mucho poder político y que constituye una de las principales bases de apoyo del Gobierno de Jair Bolsonaro.