Según informó en un comunicado, la denuncia está relacionada con "delitos cometidos en la adquisición de de respiradores para pacientes con COVID-19".
La investigación arrancó el año pasado, cuando salió a la luz que 28 de esos aparatos habían sido comprados a un proveedor que no tenía nada que ver con material médico: una tienda de vinos.
La denuncia acusa al gobernador de "ejercer el liderazgo" de una organización delictiva que habría cometido diversos delitos, sobre todo fraude en licitación y peculado (desvío de dinero público).
Además del gobernador, también fueron denunciados el vicegobernador, Carlos Almeida; el secretario jefe de la Casa Civil del estado, Flávio Antony Filho; el exsecretario de Salud Rodrigo Tobias y otras 14 personas, entre funcionarios públicos y empresarios.
La denuncia se basa en documentos, declaraciones e intercambio de mensajes entre los denunciados, aprehendidos en las operaciones realizadas por la Fiscalía.
La Fiscalía pide que se condene a los denunciados, que pierdan sus cargos como funcionarios públicos y que se pague una indemnización de 2,1 millones de reales (casi 390.000 dólares).