"Quien seguirá decidiendo dónde se cumple una pena o si se puede producir un traslado de un preso o si se puede progresar en los grados de rehabilitación o reinserción, será una decisión que seguirá en manos de los tribunales y de los jueces de vigilancia penitenciaria", advirtió en declaraciones previas a la radio pública vasca Radio Euskadi el ministro de Administraciones Públicas del Gobierno español, Miquel Iceta.
La cuestión es sensible políticamente porque los presos del extinto grupo terrorista ETA están siendo reubicados en estos meses en prisiones vascas, poniendo fin así a la política de dispersión, y distintas voces temen que una gestión nacionalista de las prisiones fuese excesivamente laxa con esos reclusos.
A la cita para sellar el acuerdo acudió el ministro Iceta por el Ejecutivo central y el vicelehendakari (vicepresidente) primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, por parte del Ejecutivo vasco.
El Gobierno vasco pasará a tener a partir de octubre la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri, en el territorio de Vizcaya; Zaballa, en Álava y Martutene, en Guipúzcoa que albergan a alrededor de un millar de presos, de los que 37 están relacionados con la actividad de ETA.
Esta competencia, largamente reclamada por las instituciones vascas, aparecía recogida en el Estatuto de Autonomía de Guernica, rubricado en 1979 y del que aún quedan materias por traspasar.
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