En un auto, el vicepresidente del alto tribunal europeo ordena "paralizar provisionalmente la suspensión de la inmunidad parlamentaria" de Puigdemont y los europarlamentarios catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí.
Los tres políticos independentistas presentaron un recurso ante el Tribunal General solicitando medidas cautelares contra el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, que se había hecho efectiva a petición del Tribunal Supremo de España.
En el Pleno del 9 de marzo, el Parlamento Europeo votó a favor del suplicatorio solicitado por el juez español Pablo Llarena, que reclama la extradición de Puigdemont y sus excompañeros de gobierno para juzgarles por el referéndum separatista de 2017.
Con esta resolución, el Tribunal General opta por paralizar la suspensión de la inmunidad de manera cautelar, hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el recurso de los diputados catalanes.
17 de mayo 2021, 17:38 GMT
Estos alegaron que la decisión de la Eurocámara de quitarles la inmunidad permitía a los Estados de la UE ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos, por lo que podían ser detenidos y entregados a las autoridades españolas.
Justificaron que esto "podría causarles un perjuicio grave e irreparable" y que "su probable detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos".
Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo retomará las sesiones presenciales en su sede de Estrasburgo (Francia) el 7 de junio, también argumentaron que "se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia".
Concluye el auto de Luxemburgo que las alegaciones de los eurodiputados son "fundadas" y "justifican que se mantenga el statu quo" hasta que el vicepresidente del tribunal "examine más detalladamente" los argumentos presentados por las partes.
Actualmente, las euroórdenes contra el expresidente independentista y sus exconsejeros están también suspendidas hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre unas cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Llarena.
Carles Puigdemont huyó a Bélgica a finales de 2017 junto a varios miembros de su Ejecutivo, mientras que el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas se quedaron en España y fueron condenados por el Supremo a entre 9 y 13 años de cárcel.