El dictamen, que pone en duda medidas clave como la prohibición de fundaciones franquistas, salió adelante con el respaldo de 15 de los 21 vocales que integran el pleno del CGPJ frente al voto en contra de los otros seis.
En el informe aprobado, los jueces abordan el proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez y cuestionan que se puedan ilegalizar las fundaciones en memoria de la figura del dictador Francisco Franco.
Afirman que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".
También discuten la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática o que se proteja a víctimas de la Guerra Civil y del franquismo pero no a víctimas de otras represiones en el mismo período.
16 de septiembre 2020, 09:56 GMT
El anteproyecto de la nueva ley de memoria democrática prevé, además de prohibir fundaciones franquistas, un plan estatal para la exhumación de fosas comunes o la anulación de sentencias de la posguerra.
Con ella, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere responder a las demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales para que España enmiende las violaciones de derechos humanos bajo el régimen franquista.
Pese a que el informe del Poder Judicial no es vinculante, este anteproyecto legislativo también fue criticado por el Consejo Fiscal, que lo validó por poco margen, y Amnistía Internacional, que constató debilidades en el texto.
Tras pasar por los órganos consultivos, está previsto que la ley vuelva al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior envío a las Cortes españolas.