"Los conflictos armados y otros tipos de violencia se están intensificando en muchas partes de Birmania", afirmó Bachelet al añadir que "las fuerzas de seguridad del Estado continuaron utilizando armamento pesado, incluidos ataques aéreos, contra grupos armados y contra instalaciones civiles, entre ellas iglesias cristianas".
Afirmó también que "más de 108.000 personas huyeron de sus hogares en el estado de Kayah solo en las últimas tres semanas, muchas de ellas hacia áreas forestales con poca o sin comida, agua, saneamiento o atención médica".
"Son personas que necesitan urgentemente asistencia humanitaria", subrayó Bachelet.
Denunció que "en poco más de cuatro meses, Birmania pasó de ser de una democracia frágil a una catástrofe de derechos humanos".
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia por un año y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Los altos mandos del ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.