"Se trata de un asunto interno en España que debe ser tratado según su orden constitucional", dijo en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand.
El portavoz comunitario evitó hacer ninguna valoración tanto positiva como negativa, aunque sí destacó que en cualquier caso, la medida se enmarca dentro de la legalidad española, que "incluye la cuestión del posible perdón".
El Gobierno de España aprobará este 22 de junio un indulto a los nueve líderes catalanes que siguen en prisión tras ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por delitos de sedición, malversación y desobediencia tras la convocatoria del referéndum unilateral de independencia de octubre de 2017.
Esos indultos solo pueden ser parciales, ya que el órgano sentenciador, el Tribunal Supremo, se opone a su concesión.
A falta de conocer oficialmente los detalles de los indultos, diversos medios de comunicación avanzan que la medida de gracia —reversible en caso de que las personas concernidas vuelvan a delinquir— eliminará las penas de prisión pero mantendrá las condenas por inhabilitación.
En un discurso ofrecido este 21 de junio en Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que los indultos permiten "arrancar el camino para recuperar la convivencia y la normalidad" en Cataluña.
Por su parte, el presidente catalán, Pere Aragonès, valoró positivamente la medida de gracia, aunque la considera "insuficiente" para empezar a resolver el problema político de fondo, algo que a su modo de ver debería abordarse mediante una ley de amnistía.