En concreto el magistrado aprecia indicios de tres delitos: cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad documental por los contratos entre Iberdrola y la empresa Cenyt del excomisario José Manuel Villarejo.
De este modo se acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba la imputación del presidente de Iberdrola y de otras tres personas: el número dos de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Anticorrupción considera que todos eran conocedores de los encargos que se realizaron al excomisario, cuando estaba en activo en la Policía, para espiar a empresarios de la competencia como el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro o al presidente del Grupo ACS, Florentino Pérez, entre otros.
En dos investigaciones internas que se abrieron en los años 2018 y 2019, Iberdrola reconoció que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios. Sin embargo, aseguró que se trataba de servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa y que se cumplió con todos los controles de la compañía.