Según señala un auto del juzgado de Instrucción, la empresa tiene un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de recibir ese dinero, cuya "entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración".
El pasado 9 de marzo el Gobierno de España aprobó el rescate a Plus Ultra, permitiendo su acceso a un fondo de solvencia para empresas estratégicas en dificultades por el COVID-19.
La decisión fue objeto de duras críticas por parte de la oposición al considerar que la empresa no es estratégica, ya que se trata de una aerolínea cuya flota solo cuenta con cuatro aviones Airbus y que ofrece solo cuatro rutas desde España: a Lima, Quito y Caracas desde Madrid, además de otra que une la capital venezolana con Tenerife.
En adición, el rescate fue muy criticado por las supuestas conexiones de la compañía con dirigentes cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro.
La suspensión cautelar llega en respuesta a una petición formulada por el conservador Partido Popular y la formación ultraderechista Vox, personados en una causa abierta después de que el sindicato Manos Limpias denunciara el rescate por presunta malversación.
Tras la suspensión cautelar del rescate, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó a través de un mensaje en Twitter que se trata de "un nuevo varapalo judicial" para el presidente Pedro Sánchez.
En ese sentido, destacó que la reciente salida del Gobierno del anterior ministro de Transporte, José Luis Ábalos, "no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos".
En una línea similar se expresó Inés Arrimadas, líder de la formación liberal Ciudadanos, quien consideró que "el Gobierno de Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo".