La semana pasada el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Valentin Inzko, cuyo mandato termina el 1 de agosto, introdujo un artículo al Código Penal del país que prohíbe negar el genocidio en Srebrenica y califica de un delito penal tal acción.
El 26 de julio los dirigentes de todos los partidos políticos de la República Srpska rechazaron por unanimidad esa prohibición.
"A partir del martes [27 de julio] los representantes de la República Srpska dejan de participar en el trabajo y la toma de decisiones en las estructuras conjuntas de Bosnia y Herzegovina", dijo a la emisora RTRS el presidente de la Asamblea Nacional, Nedeljko Cubrilovic.
Señaló que "no hay condiciones para seguir trabajando" en la Presidencia, la Asamblea Parlamentaria y el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina.
La masacre de Srebrenica, que dejó más de 7.000 musulmanes muertos en julio de 1995, es uno de los episodios más violentos de la guerra de Bosnia y Herzegovina.
Las autoridades de Serbia y de la República Srpska reconocen los crímenes de guerra cometidos en Srebrenica por personas concretas, pero niegan el término 'genocidio' y rechazan que todo el pueblo serbio sea implicado en esto.