La OA deberá "encomendar a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia el diseño de un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública", señala la norma.
Este organismo deberá registrar "antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional hasta tres años antes de asumir el cargo".
También se reflejarán las actividades realizadas por estas personas tras el egreso de la administración pública, durante el primer año posterior al cese de funciones.
El objetivo es cotejar "el cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control ciudadano y transparencia activa", según el Ejecutivo de Alberto Fernández.
Por ello se encomendará a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia la adopción de medidas medidas y la articulación con otros actores públicos y privados necesarios "para que el diseño, formulación, evaluación y planificación colaborativa del Sistema de Monitoreo (...) pueda expresar su potencialidad", señala la resolución.
La norma, firmada por el titular del titular de la OA, Félix Pablo Crous, entró en vigor este mismo 29 de julio.