"El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales", responde la Cancillería española a través de un comunicado hecho público este 11 de agosto.
El Gobierno nicaragüense acusó a España de llevar a cabo una "inadmisible intromisión" en sus asuntos internos después de que Madrid afirmara que las próximas elecciones generales de Nicaragua carecen de credibilidad tras la decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica de la formación opositora Ciudadanos Por La Libertad (CxL).
En ese comunicado, Nicaragua afirmó que España carece de "autoridad moral" para hacer ese tipo de valoraciones por su pasado colonial y por ser un país con un historial de "encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad".
En esa línea, el comunicado nicaragüense recuerda "temas pendientes" como llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupos parapoliciales creados en los años 80 para emprender una guerra sucia con la organización terrorista ETA que "mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad nunca investigados o juzgados".
"Todos estos crímenes de odio y lesa humanidad, que se califican como terrorismo de Estado, muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas, que descaradamente se atreven a colocar coronas en sus desprestigiadas cabezas, pretendiendo ignorar la carga criminal de manipulación histórica de un Estado que persigue, encarcela, tortura y mata, sin ninguna autocrítica, arrepentimiento, justicia, o rectificación", añade el duro comunicado de las autoridades nicaragüenses.
En su respuesta, la Cancillería española se limita a calificar estas acusaciones como "graves e infundadas", sin entrar en más detalles.
En lugar de detenerse en las acusaciones, la Cancillería española aprovechó la ocasión para recordar que "Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición".
Asimismo, España insiste en que las recientes decisiones del Gobierno de Nicaragua para "impedir la participación de la oposición en las elecciones" suprimen "las debidas garantías del proceso electoral en ciernes", lo que "priva de credibilidad a sus resultados".