Vuelo Kabul-París, talibanes a bordo

Uno de los cinco sospechosos de haberse mezclado entre los refugiados afganos transportados por los militares franceses permanece en detención preventiva. Nangialay S. admitió haber pertenecido a los talibanes y haber formado parte de los militantes islamistas que controlan los accesos al aeropuerto de Kabul.

Este individuo escapó de la localidad donde fue instalado por las autoridades —Noisy Le Grand— y se trasladó al centro de París. La Policía investiga ahora si tuvo contactos con alguien en la capital francesa.

Una situación embarazosa para el Gobierno del presidente Emmanuel Macron que, a ocho meses de las elecciones en las que se juega la reelección, regala argumentos de peso a sus rivales de centro derecha y a los nacionalpopulistas de Marine Le Pen. Ocho meses pueden parecer mucho, pero Macron sabe que la campaña electoral ha comenzado. Prueba de ello es que ha paralizado algunas de sus prometidas grandes reformas, como la de las pensiones.

El affaire afgano ha venido a interrumpir la calma política solo agitada este verano por una minoría de franceses que se oponen al pasaporte sanitario y a las medidas que empujan a la vacunación generalizada contra el COVID y sus variantes.

El candidato mejor situado, de momento, entre los conservadores, Xavier Bertrand, exige al Gobierno la expulsión inmediata de los cinco talibanes disfrazados de refugiados: "El derecho debe adaptarse a las necesidades de seguridad, y no al revés", declaró el presidente de la región Nord de France. Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional, fue más allá en las críticas y señaló que "el deber de acogida de Francia debe pasar a segundo plano cuando la seguridad de sus ciudadanos está en juego. Esto está claro para todos, menos para el Gobierno", aseguró.

La polémica sobre la inmigración masiva, ilegal o tolerada, es uno de los argumentos que marcarán la campaña para las citas electorales de 2022. La oposición situada a la derecha de Macron, pero también figuras de la sociedad civil nada sospechosas de "deriva derechista", vienen argumentando desde hace años sobre el supuesto descontrol no solo en la admisión de refugiados, sino en la llegada de emigrantes económicos.

A veces, los procedimientos judiciales provocan la incomprensión de la ciudadanía. En pleno verano, una noticia volvió a despertar el estupor de los franceses. Un inmigrante ruandés, al que se le negó oficialmente la documentación de asilo, fue acogido por un sacerdote en la ciudad de Nantes. El individuo prendió fuego a la catedral de la ciudad y debería haber sido expulsado por el procedimiento de urgencia. Pero los trámites oficiales se eternizaron. Se volvió a saber de él cuando el aspirante al permiso de residencia asesinó al sacerdote que le había dado cobijo.

Francia es uno de los países europeos más generosos con la inmigración. Solo en el año 2019 se concedieron 270.000 permisos de estancia renovables cada cuatro años. Pero incluso cuando los organismos oficiales deniegan los papeles que dan derecho a la residencia, los recursos judiciales de abogados y organizaciones no gubernamentales que viven del dinero público frenan las expulsiones y obtienen derechos legales y sanitarios para las personas incluidas en las listas de deportados, que acaban siendo inexpulsables.

En Francia se calcula que existen 900.000 extranjeros en situación irregular. Para muchos se ha llegado al umbral de tolerancia del que hablaba el expresidente socialista, François Mitterrand, más allá del cual la inmigración afecta a la cohesión social de la sociedad de acogida.

Para Mitterrand ese límite lo alcanzó Francia ya a finales de los años 70. Otro socialista, primer ministro del propio Mitterrand, insistió sobre el asunto casi 20 años más tarde, cuando manifestó que "Francia no puede acoger a toda la miseria del mundo", frase que le valió la excomunión de la izquierda bienpensante, cuyos sucesores le siguen manteniendo todavía hoy en el Index del santo oficio izquierdista.

Francia es, además, la tierra favorita prometida por la emigración afgana desde hace pocos años. En el último lustro, más de 40.000 afganos han encontrado refugio en el Hexágono, huyendo de lo que hoy, tras la llegada de los talibanes, algunos consideraban casi como una democracia ejemplar y un país libre "gracias a los esfuerzos occidentales".

Abordar en la misma frase conceptos como inmigración y terrorismo islamista es para algunos europeos un delito intolerable. El presidente francés, en su primera alocución tras la toma de Kabul por los terroristas islámicos "estudiantes de religión", advirtió sobre los inmigrantes irregulares y el peligro del santuario terrorista afgano. Ello le valió insultos de las almas generosas del progresismo nacional e internacional.

Emmanuel Macron está obligado a afrontar una realidad sin tapujos, si no quiere que sus rivales y candidatos al Palacio del Elíseo impidan su reelección con un asunto como la inmigración irregular y el terrorismo islamista, que sus compatriotas consideran como dos de las prioridades de cualquier presidente, actual o futuro.