"La solicitud indica que los beneficiarios, periodista y camarógrafo del Canal 2 de Cali (suroeste), estarían siendo objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia con motivo de su cobertura de las protestas y hechos de violencia que han tenido lugar en Colombia a partir del 28 de abril de 2021", indicó la CIDH en un comunicado emitido en Washington.
Ambos comunicadores aportaron información sobre ataques y amenazas que habrían recibido mientras cubrían las protestas en contra del Gobierno, entre las que se cuentan pagos para realizar un atentado contra Tejada, así como seguimientos y vigilancia cuando se trasladaban de un lugar a otro, en sus respectivas viviendas y en la sede de Canal 2.
Asimismo, indicaron que debido a la situación tuvieron que implementar medidas de seguridad propias con donaciones de la comunidad.
Según la CIDH, el Estado indicó que cuenta con denuncias por amenazas en contra de Tejada y Buitrago y que por orden de una fiscal se buscó implementar medidas preventivas para minimizar el riesgo, pero que por falta de cooperación de los solicitantes, no fue posible.
Tras evaluar los hechos y las denuncias, la CIDH concluyó que "los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo", por lo cual la Comisión "solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad" de ambos comunicadores.
Según la declaratoria, el Estado colombiano deberá asegurar que sus agentes de la Fuerza Pública respetarán la vida e integridad personal de Tejada y Buitrago, al tiempo que deberá proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros y adoptar las medidas necesarias para que los dos comunicadores puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas y hostigamientos.
Durante las pasadas protestas contra el Gobierno, que se dieron del 28 de abril al 15 de junio, y que fueron convocadas por las principales centrales obreras del país, se presentaron denuncias de violaciones a los derechos humanos por abuso de la Fuerza Pública contra particulares, los cuales incluyeron algunos periodistas, por lo que la CIDH realizó una visita al país y emitió una serie de sugerencias para que se garantice la protesta social.