"En este caso tenemos siete días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque [en el caso de Áñez] se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad", dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.
El pedido de la CIDH, a través de una carta enviada a la Cancillería el 1 de septiembre, tuvo lugar tras la solicitud de medidas cautelares por parte de la defensa de la expresidenta (2019-2020).
Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo en el marco de diligencias previas a un juicio por haberse declarado presidenta durante la crisis de 2019, tras la renuncia forzada del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019).
Como senadora de la minoría, Áñez no tenía derecho a la presidencia del Senado ni a la presidencia provisional del país, como se autoproclamó sucesivamente en sesiones parlamentarias sin quórum reglamentario, según la denuncia que investiga la Fiscalía.
La expresidenta enfrenta otras cuatro demandas de juicios que incluyen acusaciones por dos masacres cometidas por policías y militares contra civiles, presuntos delitos económicos y administrativos cometidos por su Gobierno.
Su defensa pidió las medidas cautelares a la CIDH por supuestas amenazas, hostigamientos y agresiones, y por la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado para tratar su deteriorado estado de salud.
26 de agosto 2021, 17:23 GMT
Áñez debería cumplir prisión al menos hasta febrero de 2022, mientras la Fiscalía completa la acusación para un juicio.
La CIDH emite medidas cautelares para que un Estado proteja a una persona cuando considera que está en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.