"La marcha que salió del centro de San Salvador acaba de llegar al portón sur de la Asamblea Legislativa. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil han puesto una barricada para impedirles el acceso al palacio legislativo", tuiteó la Revista Factum.
Este 7 de septiembre entró en vigor la llamada Ley Bitcoin, aprobada por el oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea en julio pasado, pese al recelo de la ciudadanía y determinados círculos económicos.
La jornada empezó con problemas en Chivo, la wallet (billetera electrónica) desarrollada por el Gobierno de El Salvador para las operaciones con bitcoins, criptomoneda cuyo valor sufrió este día un desplome del 12%.
Organizaciones sociales, sindicatos, comerciantes, estudiantes y trabajadores salieron a la calle en una marcha desde el monumento al Salvador del Mundo hasta el llamado Centro de Gobierno, y en su avance esgrimieron pancartas y lanzaron consignas contra el bitcoin.
"La gente no rechaza Bitcoin por ignorancia sino porque comprende que se están aprovechando de su buena fe para implementar una medida que no le va a beneficiar", afirmó la diputada Claudia Ortiz, quien acudió al Legislativo vistiendo una camiseta contra la polémica normativa.
La propia Ortiz presentó el lunes una propuesta para que la Asamblea derogara la Ley Bitcoin, en virtud del reclamo de dos tercios de la población que se oponen a esta medida, según una serie de sondeos.
Entre las reticencias expresadas por los detractores de la Ley Bitcoin destaca la obligatoriedad de aceptar pagos en esta criptodivisa, pese a que el Gobierno lo ha desmentido e insiste en que su uso será opcional.
El presidente Nayib Bukele promueve el uso del bitcoin como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que favorecen a 1,63 millones de personas en esta nación centroamericana.