"El personal médico tiene el deber de proteger la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar", expresaron.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute estos días la legitimidad jurídica de que médicos en el país ejerzan la objeción de conciencia para negarse a aplicar procedimientos de salud como el aborto, contexto aprovechado por las Católicas para fijar su postura en favor de la aplicación irrestricta de derechos.
Algunos médicos en México y América Latina, recordaron, utilizan el criterio de objeción de conciencia para negarse, además del aborto, a respaldar procedimientos como la voluntad anticipada, el uso de métodos anticonceptivos, la transfusión de sangre o la donación de órganos.
CDD estimó que la objeción de conciencia debe considerarse una excepción de deberes jurídicos, no un derecho, y debe regularse y acompañarse de una justificación moral.
"En el caso de la interrupción legal del embarazo, las únicas personas que pueden ser objetores de conciencia son los prestadores del servicio directo, es decir quienes hacen la interrupción. El demás personal no podrá excusarse de cumplir sus labores", manifestaron las Católicas.
El miércoles 15 de septiembre de 2021 la Facultad de Medicina de la UNAM sostuvo en un comunicado que considera pertinente que el personal médico del país tenga garantizado a través de la objeción de conciencia el derecho humano a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión.
"Ningún Estado puede obligar a un ser humano realizar acciones que sean discordantes con sus juicios de carácter reflexivo. La toma de decisiones de todos los profesionales de la salud deben estar enmarcadas en ejercicio de la libertad, la razón y la conciencia, sin que esto transgreda los derechos fundamentales de terceras personas", declaró la institución académica.
13 de septiembre 2021, 19:01 GMT