En una sentencia del pasado 22 de septiembre que no se conoce hasta ahora, el tribunal resolvió avalar la decisión de las autoridades canadienses de inmigración de vetar la visita del dirigente catalán hace dos años.
Las autoridades judiciales consideran que Puigdemont "no proporcionó la información que había sido legítimamente solicitada en tres ocasiones" por los funcionarios de inmigración, que se negaron a emitir una autorización de viaje para el político.
El expresidente catalán lleva dos años intentando entrar en Canadá para reunirse con asociaciones y partidos que apoyan la independencia de Quebec, y había presentado un recurso contra el rechazo a su entrada.
El líder del soberanista Bloque Quebequés, Yves-François Blanchet, lamentó a través de Twitter que Puigdemont sea "tratado como un criminal en lugar de ser recibido como un demócrata" y afirmó que no se rendirá con sus invitaciones.
En su sentencia, el tribunal canadiense recuerda cómo las autoridades denegaron conceder al político catalán la autorización necesaria para poder entrar en el país por errores en el formulario electrónico.
A la hora de rellenar la información requerida, Puigdemont respondió incorrectamente que no había sido acusado de delitos en ningún país.
Posteriormente presentó una segunda solicitud donde contestó que "sí" a la misma pregunta, aunque precisó que su extradición solicitada por España había sido denegada en Alemania.
"Si bien es cierto que la solicitud de extradición habrá sido denegada en Alemania, parece que los cargos presentados en España no se han retirado", observa el juez canadiense en su fallo.
El funcionario de inmigración que se encargaba de la solicitud de viaje pidió más información sobre los cargos a los que se enfrentaba el expresidente en España, a lo que este respondió a través de su defensa enviando casi 400 páginas de documentos.
De acuerdo con el juez canadiense, este "envío masivo de 400 páginas no constituye nada que atestigüe su situación en el momento relevante" ni tampoco aclara "qué cargos están todavía pendientes".
Según la sentencia, Puigdemont no solamente "no respondió a las reiteradas solicitudes de información precisa" por parte del funcionario, sino que aportó centenares de documentos "sin relevancia real".
"La coherencia de la decisión me parece irrefutable", afirma el juez, que concluye que los funcionarios "pudieron negarse a emitir la autorización de viaje electrónica porque la solicitud estaba incompleta".