Por unanimidad de votos los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal confirmaron que no existen argumentos jurídicos para haber impuesto la prisión preventiva contra la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano.
El amparo había sido otorgado a Robles Berlanga el pasado 12 de junio, luego de que el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, determinó que no había razón para mantener la prisión preventiva.
Dicha medida fue impuesta por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en agosto de 2019, bajo el alegato de que la exfuncionaria podría escapar mientras se realiza la investigación por el presunto desvío de recursos a través de empresas fantasmas, conocido como la Estafa Maestra.
Según los argumentos presentados en el amparo, la FGR no pudo demostrar que los domicilios de Rosario Robles son falsos ni que su familia tenga los recursos para que ella escape. En contraste, la defensa sí acreditó la existencia de un arraigo en la Ciudad de México.
El recurso promovido por Rosario Robles fue impugnado por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, los magistrados consideraron que "sus agravios son infundados e inoperantes".
"Lo anterior significa que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos deberá citar a una nueva audiencia a más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar impuesta a Rosario Robles hace dos años", declaró la defensa de Robles Berlanga a El Financiero.
La Estafa Maestra
En 2017 se dio a conocer el caso denominado la Estafa Maestra, un complejo esquema de empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos públicos destinados a programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Según la acusación de la FGR, Rosario Robles habría encabezado el grupo de funcionarios federales encargados y beneficiados del desvío de recursos ocurrido entre 2013 y 2018, y el cual asciende a 77.847 millones de pesos (3.892 millones de dólares).
La defensa de Robles Berlanga sostiene que se trata de una acusación con tintes políticos y que ella es usada como chivo expiatorio para no procesar a los verdaderos responsables.