"Todavía no se ha tomado ninguna decisión debido a que la ley no se ha promulgado (...) Una vez que la aprueben, el Ejecutivo se va a pronunciar, va a interponer una acción de inconstitucionalidad sobre esta ley", afirmó Torres en diálogo con la radio local RPP.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede equilibrar poderes con el Legislativo cuando éste quiera censurar (pedir la destitución) de un ministro o el primer ministro, o cuando se oponga a una política de Gobierno.
Este equilibrio lo logra a través de la interposición de una cuestión de confianza, es decir cuando conmina al Congreso a apoyar un nombramiento ministerial o una política de Gobierno.
Si el Congreso rechaza la cuestión de confianza por dos veces al Ejecutivo, es decir, le niega su respaldo, éste queda facultado para disolver el Parlamento y convocar a elecciones legislativas.
La cuestión de confianza es, así, un mecanismo de control de poderes al darle al Ejecutivo un recurso legal para enfrentar a un Parlamento que se muestre obstruccionista frente a su labor o decisiones.
Sin embargo, el 20 de octubre el pleno aprobó una ley que establece que el Ejecutivo sólo puede emplear la cuestión de confianza en "competencias relacionadas a su política general, no encontrándose entre ellas las reformas constitucionales o cualquier otra que afecte procedimientos o competencias del Congreso".
Es decir, la ley limitaría el uso de la cuestión de confianza sólo para asuntos que el Parlamento considere pertinentes, menoscabando un mecanismo que resta poder al Ejecutivo frente a las decisiones que tome el Legislativo.
"El Congreso, al limitar la cuestió de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar [destituir] al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. Ahora no hay equilibrio de poderes", afirmó el ministro de Justicia.
Se espera que en pocos días el Ejecutivo presente una acción ante el Tribunal Constitucional reclamando la derogación de la ley por ser, a su entender, inconstitucional.