"La parte nicaragüense está bastante abierta a la labor de los observadores internacionales, se sienten seguros y no prevén cometer actos que puedan cuestionar la legitimidad de las elecciones", dijo el también vice presidente primero del comité de asuntos exteriores de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento) .
Nóvikov subrayó que las autoridades nicaragüenses llevan a cabo "una preparación muy exhaustiva" para las elecciones.
"Hasta al momento todo va normal", señaló.
Nicaragua celebra el 7 de noviembre sus octavas elecciones generales después de la caída del régimen de Anastasio Somoza Debayle (19 de julio de 1979) a través de las cuales elegirán la fórmula presidencial que gobierne en el quinquenio 2022-2027, el Poder legislativo nacional en pleno y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
En el padrón electoral están inscritos 4.478.334 ciudadanos mayores de 16 años de edad con derecho al voto, quienes podrán ejercer su voluntad política en 13.459 Juntas Receptoras de Votos, distribuidas a lo largo y ancho de la geografía nicaragüense.
El Gobierno de Nicaragua defiende la figura del "acompañante" en lugar del "observador", debido a la desconfianza de las autoridades electorales de este país sobre su imparcialidad, y más tras las denuncias de injerencia en las elecciones de Bolivia en 2019, que derivaron en un golpe de Estado.
Para la ocasión, el Poder Electoral invitó a cerca de 250 acompañantes internacionales, "personas altamente calificadas en términos electorales, con experiencia en comicios de África, Asia y especialmente en los últimos de Bolivia", según el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador.