"Nuestro Gobierno reitera su llamamiento a liberar a todos los detenidos, incluida Aung San Suu Kyi, así como a restaurar las instituciones democráticas en el país", dijo Hayashi ante la prensa.
Japón, agregó, "está preocupado por la sentencia dictada a Aung San Suu Kyi y el expresidente" Win Myint.
El 6 de diciembre pasado los tribunales birmanos condenaron a cuatro años de prisión a la líder detenida Aung San Suu Kyi, por cargos de incitación y violación de las normas COVID-19. El depuesto presidente Myint recibió un veredicto similar.
Sin embargo, más tarde el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, conmutó a dos años las condenas de los dos políticos.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos Win Myint y Aung San Suu Kyi.
6 de diciembre 2021, 14:52 GMT
Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alega "millones de irregularidades" presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilita la disolución de la LND.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 1.303 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania entre el 1 de febrero y el 6 de diciembre. De las 10.727 personas arrestadas desde el golpe, 7.796 siguen detenidas.