La intervención del ministro de Vivienda y Comunidades, Michael Gove, trata de poner fin al escándalo de materiales inflamables y técnicas de construcción deficientes que afecta a miles de propietarios desde la infernal tragedia de la Torre de Grenfell, que se cobró 72 vidas.
"Ya es hora de arreglar este problema (….) ha de pagar la industria que lo causó y que se benefició del negocio", declaró en el Parlamento de Westminster.
El ministro ha emplazado a las grandes empresas del sector a contribuir voluntariamente con un fondo de 4.000 millones de libras (unos 4.800 millones de euros), con el que se financiarán las obras en edificios residenciales considerados peligrosos.
Esta partida se destinará a construcciones de entre 11 y 18 metros de altura, cuya fachada se recubrió con un revestimiento potencialmente inflamable.
Las obras de reforma de los rascacielos de mayores alturas están protegidas ya por un programa de subvenciones públicas, a cargo de la Hacienda británica.
"No es justo ni decente que propietarios inocentes (…) tengan que pagar facturas que no pueden afrontar para arreglar problemas que ellos no causaron ", defendió el ministro.
Gove aseguró en los Comunes que actuará legal o fiscalmente contra empresas de la construcción si la industria no llega a un acuerdo de financiación para el mes de marzo.