Según Suárez, dicha ley amenaza con "poner al país en un retroceso histórico" y hacerle "mucho daño a toda la población".
Subrayó asimismo que "solamente se pretende derogar el 28%" de los artículos de dicha ley, tratándose de los que restringen el derecho a la huelga, precarizan el acceso a la vivienda, y mercantilizan la educación pública, entre otros que "son totalmente represivos".