Isabel II es la más longeva monarca en la historia británica, pero su Jubileo de Platino sigue rodeado de oscuros nubarrones. A la constante inquietud por su salud –lógica teniendo en cuenta que cumple 96 años en abril— se suman escandalosos traspiés del núcleo central de la casa Windsor.
Presistentes síntomas de COVID
Por lo pronto, la reina ha cancelado varios eventos públicos desde que se confirmara, el 20 de febrero, que había dado positivo en una prueba de COVID-19. Desde entonces, los comunicados del palacio de Buckingham reiteran que tiene "síntomas leves, tipo catarro" y que está realizando "tareas ligeras" de su agenda oficial.
Suspendió, sin embargo, varios de los encuentros virtuales que acostumbra a presidir desde que se retiró al castillo de Windsor a pasar la pandemia. Es su residencia favorita en las proximidades de la capital británica, y en su capilla se ofició el funeral de despedida de su marido Felipe, duque de Edimburgo, quien murió el 9 de abril de 2021.
A unos cinco kilómetros del castillo, en otra mansión real del Gran Parque de Windsor, vive el príncipe Andrés, duque de York. El segundo hijo varón de la reina cerró, el día 15, un acuerdo extrajudicial con el que evitó testificar y personarse en una vista judicial para responder a dañinas acusaciones de pedofilia.
Reputación dañada
Andrés no admitió responsabilidad alguna en la presunta violación y abusos sexuales denunciados por la estadounidense Virginia Giuffre, pero aceptó indemnizarle con unos estimados 10 millones de libras (cerca de 12 millones de euros).
Logró aparcar, al menos temporalmente, las alegaciones de acoso sexual de menores de edad que le persiguen desde hace más de una década. En el proceso, perdió sus honores militares, patrocinios reales y tareas monárquicas, y es posible que pronto le arrebaten el distintivo del ducado de York. Andrés no depuró su reputación pactando con su demandante y nadie pronostica su retorno a las funciones de la Casa Real.
Investigan al heredero
El documento del pacto aún chorreaba tinta cuando otra alarma saltó en palacio. En el centro del huracán está Carlos, príncipe de Gales y heredero de la Corona. Scotland Yard investiga presuntos delitos de honores a cambio de donaciones en The Prince´s Foundation, la entidad que engloba sus iniciativas benéficas y proyectos filantrópicos.
Las alegaciones se centran en un viejo y fiel ayudante del príncipe, Michael Fawcett, quien dirigía la fundación hasta su dimisión, el pasado noviembre, a consecuencia del escándalo. A Fawcett se le reconoce su maestría para captar donaciones millonarias, pero han aflorado fundadas sospechas de tráfico de influencias.
"Puedo arreglármelas prácticamente sin nadie, salvo Michael", declaró el príncipe de Gales en una ocasión. El indispensable sirviente todavía controla el porvenir del heredero. La Policía se ha interesado por una carta en la que Fawcett agradece la "generosidad" de Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, un empresario saudí que donó en torno a 1.5 millones de libras a la empresa benéfica de Carlos. "Me complace confirmarle, confidencialmente, que estamos dispuestos y contentos de apoyarle en la solicitud de la ciudadanía", le escribe Fawcett.
La oferta de cooperación no solo se extiende a la tramitación del pasaporte británico, sino incluso de un título de caballero del Imperio. El primogénito de la reina niega cualquier implicación o complicidad en el supuesto delito. "El príncipe de Gales no tiene ningún conocimiento de la presunta oferta de honores ni de ciudadanía británica como base de donaciones a sus entidades benéficas", declaró su oficina de Clarence House.
El comunicado oficial subraya además la disposición de Carlos a "respaldar completamente la investigación" de Scotland Yard. Es posible que el futuro rey sea interrogado por la policía. O, como alerta el biógrafo Tom Bower, "el testimonio de su antiguo ayudante de cámara será central en su destino".