"Con esta nueva regulación se va a incrementar la cultura anticorrupción, de la transparencia y de la calidad democrática", afirmó en rueda de prensa la ministra de Justicia, Pillar Llop.
En concreto, el anteproyecto de ley transpone una directiva europea aprobada en 2019 y que debió haber sido integrada en la legislación española el pasado mes de diciembre.
De hecho, la Comisión Europea abrió el pasado mes de febrero un procedimiento sancionador a España y otros 25 estados miembros del club comunitario por el retraso.
Según informa el Gobierno en un comunicado, el objetivo de la norma es "proteger a todas aquellas personas que informe de corrupción o fraudes" tanto en el ámbito de la empresa privada como en la administración pública.
Para ello, además de multar a quien tome represalias contra los denunciantes, se establecerán canales de comunicación protegidos para poder denunciar de forma anónima y se crearán autoridades independientes para la recepción de esas denuncias.
"Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario", señala el comunicado del Gobierno.