El 28 de marzo, el presidente colombiano, Iván Duque, informó que en operaciones de la fuerza pública "se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo, Putumayo".
La OPIAC pidió en un comunicado al Gobierno que "se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil".
Asimismo, solicita al Ejército Nacional "que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de "falsos positivos", de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades".
Los denominados "falsos positivos" son las ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército presentadas como resultado de combates con guerrilleros.
Los pueblos indígenas piden a la Fiscalía investigar "las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército Nacional".
Además, solicitan a la Procuraduría General de la Nación que haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en el operativo, incluyendo al ministro de Defensa, Diego Molano.
Por su parte la senadora por el partido Comunes, surgido tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Sandra Ramírez pidió explicaciones a Molano por la "masacre" en Putumayo.
"Le exigimos una explicación urgente al ministro de Defensa, Diego Molano sobre la masacre perpetrada en Puerto Leguizamo, Putumayo. Las comunidades denuncian que fue el ejército quien accionó sus armas. Entre las víctimas está el Gobernador Indígena Pablo Panduro. ¿Más Falsos Positivos?", escribió la legisladora en Twitter.
Según informaron vecinos de la zona a la prensa local, entre las 11 personas fallecidas se encuentra el gobernador indígena del Cabildo Bajo Remanso, del pueblo kitchwa.
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