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Gobierno de Venezuela reafirma su compromiso con la promoción de DDHH

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano reafirmó este 5 de abril su compromiso con la promoción de los derechos humanos en reuniones con miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó el embajador del país ante ese organismo, Hector Constant.
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"Cálidas reuniones con Morris Tidball-Binz, relator especial ONU sobre ejecuciones extrajudiciales; y con Edgar Corzo y Pablo García, presidente y miembro del comité sobre protección de los trabajadores migratorios ONU. Venezuela afianza promoción de DDHH en todos los ámbitos", indicó Constant a través de Twitter.
El pasado 31 de marzo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su país es el primer interesado en la prevalencia de los derechos humanos, luego de que su Gobierno acordó con la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una oficina del tribunal en Caracas.
El mandatario señaló que la oficina de la CPI contribuirá a que Venezuela avance hacia un Estado eficiente en materia de derechos humanos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó Caracas entre el 28 y 31 de marzo, donde se reunió con Maduro.
Ambas partes acordaron que los miembros del equipo de Khan podrán tener múltiples ingresos a Venezuela "sin tener que cumplir con la burocracia", para acceder de forma sencilla a la nación caribeña.
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El funcionario de la CPI aseguró que hubo un consenso en que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales y asociados, quienes contarán con el apoyo de las autoridades venezolanas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Maduro y Khan firmaron en noviembre pasado un memorando de cuatro puntos, en los que acordaron adoptar todas las medidas para asegurar la administración de justicia, establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, tras concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.
En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
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