"Por responsabilidad, por procedimiento, nos corresponde impulsar, lograr esa autorización legislativa, para luego iniciar el juicio de responsabilidades", explicó Siles a la prensa local.
Las cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez son respecto a las muertes ─casos Senkata y Sacaba─, el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación de la concesión del registro de comercio a Fundaempresa y un decreto calificado de amenaza contra la libertad de expresión.
Áñez ya fue sancionada con 10 años de cárcel el 10 de junio por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución boliviana, a las leyes e incumplimiento de deberes, en su ascenso al poder en 2019.
Las nuevas acusaciones están en trámite en la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) y el funcionario apeló a lograr consenso entre los parlamentarios de oposición y oficialismo.
En Bolivia, los juicios de responsabilidades deben ser aprobados previamente con dos tercios de los votos (110 de 166) en la Asamblea Legislativa.
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