El documento, aprobado por 13 votos a favor con las abstenciones de China y Rusia, expresa "grave preocupación por las crecientes denuncias de violaciones del derecho internacional por parte de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Malí" e insta a las autoridades malienses a implementar el Acuerdo de Paz y Reconciliación de 2015, así como poner en marcha “una estrategia integral, inclusiva y políticamente enfocada” que aborde las causas profundas de los conflictos y proteja a los civiles, según el comunicado oficial.
Con respecto a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma), el Consejo de Seguridad extendió hasta el 30 de junio de 2023 su mandato, con la dotación actual de 13.289 militares y 1.920 policías, y le marcó como tareas prioritarias apoyar la implementación del Acuerdo de Paz y Reconciliación y la transición política, ejercer las funciones de mediación en nombre del secretario general, fomentar la confianza y el diálogo, apoyar la estabilización y la restauración de la autoridad del Estado, proteger a los civiles bajo amenaza de violencia física y ayudar a las autoridades de Malí en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos.
Una sección del documento, referente a la presencia de otras fuerzas seguridad en Malí y la región del Sahel, enfatiza que las respuestas de seguridad solo pueden ser efectivas si se llevan a cabo en pleno cumplimiento del derecho internacional.
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