Los demandantes, que reclaman además una indemnización de daños y perjuicios por valor de 33 millones de yenes (238.000 de dólares), alegan que el ahorcamiento, el único método de ejecución que se practica en Japón según el Código Penal en vigor, es inhumano, causa un dolor insoportable y viola los convenios internacionales de derechos humanos.
Las identidades de estos reos se mantienen en secreto, solo se sabe que llevan más de 10 años recluidos en un centro penitenciario de Osaka, y que dos de ellos han intentado apelar las sentencias.
Su abogado, Kyoji Mizutani, dijo que la demanda tiene como objetivo "realzar la realidad de la pena capital" en Japón y dar origen a una discusión pública sobre la continuidad de esta práctica. La ONG Amnistía Internacional, en un informe publicado en mayo pasado, estimaba que en Japón había al menos 117 condenados a muerte a finales de 2021.
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