"Una decisión arbitraria y que no está coincidiendo con la Constitución Política del Estado, nuestro Código Penal y las leyes vigentes. Vale de decir que a través de esta forma han encontrado un vacío legal para llevar a una expresidenta a un juicio ordinario", protestó Guillen, en contacto con la prensa local.
El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, en el departamento de La Paz (oeste), concluyó que Añez no puede tener privilegios, porque no asumió la Presidencia de Bolivia en 2019 por las vías legales.
"Lamentablemente, la resolución que se emitió no tiene una fundamentación en cuanto a la facultad del juez de reconocer que la expresidenta haya sino o no mandataria del Estado. Tampoco resuelve si correspondería o no un juicio de responsabilidades, sino que en efecto lo disponen directamente de forma arbitraria", lamentó el abogado.
No obstante, la decisión final está en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque el caso está en etapa de apelación de la defensa.
Añez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado por cívicos, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.
Dos años después, en junio de 2022, la justicia emitió una sentencia por el denominado caso Golpe de Estado, condenando a Añez a 10 años de cárcel, que actualmente cumple en la Cárcel Femenina de Miraflores en La Paz.
En este segundo juicio, iniciado en diciembre del año pasado por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, la exmandataria sería juzgada solo por las muertes durante su gestión.
Al menos 37 personas fallecieron en la denominada masacre de Senkata, ocurrida en 2019 en El Alto, cuando fuerzas militares reprimieron a manifestantes que protestaban contra Añez, cerca de una planta de almacenaje de combustibles.
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