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La Fiscalía de Brasil pide condenar a expresidente Bolsonaro por abuso de poder

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El Ministerio Público Electoral (MPE) de Brasil pidió que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) sea condenado por un delito de abuso de poder, lo que supondría inhabilitarle políticamente durante ocho años, informaron medios locales.
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El viceprocurador general del MPE, Paulo Gonet Branco, aceptó la petición presentada meses atrás por el izquierdista Partido Democrático Trabahlista (PDT), que pedía condenar a Bolsonaro por atacar sin pruebas y de forma reiterada el sistema electoral, según recoge el diario Folha de São Paulo.
El caso se refiere en concreto a una reunión que Bolsonaro convocó en julio de 2022, durante la pre-campaña, para explicar a decenas de embajadores extranjeros los supuestos indicios de que el sistema electoral brasileño no era seguro y podía haber fraude en los comicios.
Esta teoría de la conspiración, que Bolsonaro alimentó durante toda la campaña, llegó hasta los diplomáticos en esa reunión celebrada en el Palacio de la Alvorada (la residencia oficial) y retransmitida a través de los canales oficiales de la estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC).
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Estos son los argumentos que usó el PDT para defender que Bolsonaro abusó de su posición de presidente para propagar sus ataques a las urnas electrónicas. El MPE entiende que Bolsonaro sí cometió abuso de poder, pero no incluye en la denuncia al entonces candidato a vicepresidente y exministro de Defensa, el general Walter Braga Netto.
Desde que perdió la presidencia el 1 de enero de este año, Bolsonaro está expuesto a la justicia ordinaria y tiene varias investigaciones abiertas que a la larga podrían llevarle a la cárcel o al menos apartarle de la política, lo que es más probable, según diversos analistas.
El caso del TSE y los ataques a las urnas electrónicas en la reunión con los embajadores es el más avanzado, y podría votarse en las próximas semanas o meses.
Si Bolsonaro es condenado por abuso de poder, estaría inhabilitado durante ocho años (no podría presentarse a unas elecciones), aunque sí conservaría algunos derechos políticos; podría seguir afiliado a un partido y votar, por ejemplo.
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