"La problemática de la inseguridad ciudadana requiere del diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas y estrategias que sean eficaces y eficientes para reducir los índices de victimización y percepción de la criminalización", señaló la Defensoría en un comunicado dirigido a los alcaldes.
El 8 de abril, la municipalidad del distrito limeño de Santiago de Surco, uno de los más grandes de la capital peruana, emitió una norma que prohíbe el lavado de parabrisas de autos en la vía pública.
Este empleo informal es ejercido mayormente por migrantes venezolanos en las intersecciones con semáforos, a cambio de un donativo voluntario de parte de los conductores.
La norma se dio luego de que un migrante venezolano, dedicado a esta actividad, asesinara a un conductor con un arma blanca luego de que este se negara a pagar por el servicio, lo que despertó preocupación por la seguridad ciudadana.
Luego de la medida prohibicionista, varios alcaldes de otros distritos capitalinos han mostrado su voluntad de implementarla en sus jurisdicciones, algo que la Defensoría ha advertido como lesivo para el bienestar de los migrantes como grupo social vulnerable.
Ante esta posibilidad prohibicionista, el ente ha exhortado a los alcaldes a realizar diagnósticos y hallar "indicadores objetivos sobre el problema público", a fin de que no se afecte el sustento de los migrantes.
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