"Si es una declaración política, muy bien. Si tiene ya consecuencias hacia terceros o aprueba una norma, si es una disposición de carácter general, una ley o un acuerdo que tiene efectos frente a terceros, ahí es donde puede surgir la posibilidad de impugnación", dijo el ministro español en una entrevista con la Radio Nacional de España.
Catalá explicó que Madrid estará vigilante para que, en caso de producirse, esa resolución se lleve a cabo en unos términos compatibles con la legislación española y con las condiciones dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) para la investidura de Puigdemont.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 сентября 2017 г.
El líder independentista huyó a Bruselas a principios de noviembre para evitar ser detenido al ir a prestar declaración a Madrid, donde el Tribunal Supremo instruye una causa en la que es investigado junto a otros veinte cargos catalanes por la presunta comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.
Del mismo modo, este órgano estableció que Puigdemont está obligado a pedir permiso al Tribunal Supremo para acudir al Parlamento, ya que sobre él pesa una orden de busca y captura en territorio nacional.
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Preguntado por la posibilidad de que, ante los problemas legales de Puigdemont, el independentismo opte por presentar como candidato a la investidura a alguno de los diputados que se encuentran presos en el marco de la causa que instruye el Supremo, Catalá opinó que la situación procesal de estas personas es incompatible con encabezar un gobierno autonómico.