"Vaya por adelantado que yo no quiero importunar a su majestad, válgame Dios, no es mi propósito", dijo durante el desarrollo de la vista el magistrado Jordi Pina, representante de tres de los acusados.
Este magistrado —que representa a Jordi Sánchez (expresidente de la Asamblea Nacional Catalana), Jordi Turull (exportavoz del Gobierno catalán) y Josep Rull (exresponsable del área de Territorio del Gobierno catalán)— consideró pertinente la prueba testifical de Felipe VI porque la Fiscalía le cita en su escrito de acusación.
La Fiscalía expone la declaración del Rey de España como una prueba de que los acusados incurrieron en un delito de rebelión, porque su pronunciamiento se debió a que estaba en marcha un "levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" con "el fin de conseguir la secesión".
El Tribunal Supremo ya rechazó el pasado 1 de febrero la prueba testifical de Felipe VI argumentando que "lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
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Dicha ley establece que todos los residentes en territorio español tendrán "obligación" de concurrir si son llamados para declarar en sede judicial, con excepción del Rey, la Reina y el Príncipe Heredero.
Además, añadió que, si el Rey decide no declarar, puede hacerlo en su lugar el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.
El magistrado también pidió la declaración testifical del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya presencia en el juicio como testigo fue rechazada por el Supremo al entender que, como estuvo procesado en la causa, su testimonio es susceptible de ser interesado o de parte, y por tanto, no creíble.
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En su exposición, al igual que ya hicieran los abogados Andreu Van den Eynde y Javier Melero, representantes de otros de los acusados, Pina denunció una supuesta situación de vulneración de derechos de sus clientes y calificó como "político" el juicio a los líderes independentistas.
