"En un auto, los magistrados desestiman la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento", informó este órgano a través de un comunicado.
De esta forma, la Audiencia Nacional se declara competente para juzgar a Josep Lluís Trapero (antiguo mayor de los Mossos), Pere Soler (exdirector del cuerpo policial), César Puig (exsecretario de Interior del Gobierno catalán) y a Teresa Laplana (intendente de los Mossos).
Tras revisar la jurisprudencia, los jueces consideraron que la competencia para conocer de delitos de rebelión "no está limitada a los cometidos por bandas armadas".
Esta decisión acerca la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados.
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La Fiscalía emitió en noviembre un escrito de acusación en el que pide 11 años de cárcel para Trapero por un delito de rebelión al considerar que actuó como una "pieza clave" del proceso separatista.
El Ministerio Público pide las mismas penas para Soler y Puig, mientras la intendente Laplana afronta una acusación por sedición, por la que le piden 4 años de prisión.
En opinión de la jueza instructora y de la Fiscalía, la actuación de estos mandos policiales fue deliberadamente pasiva durante diversas manifestaciones independentistas en el mes de septiembre y durante el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
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Uno de los puntos centrales de la causa tiene que ver con las protestas independentistas que tuvieron lugar el 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán, donde se estaban practicando registros policiales para impedir la logística del referéndum del 1 de octubre.
El otro punto de la causa es el referéndum del 1 de octubre, en el que, según la Sala, los Mossos participaron como "un eslabón del plan secesionista" al actuar con "total pasividad" e incluso protagonizando enfrentamientos con los otros cuerpos de seguridad desplegados en el territorio.
