"El día de ayer [19 de mayo] le solicité a la Fiscalía que investigue si efectivamente existen personas de la Fuerza Pública que están siendo presionadas para dar muerte a algunos [civiles], que lo denuncien y lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes", dijo el 20 de mayo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en declaraciones vía streaming.
Casey aseguró que, con base en la consulta de documentos y declaraciones de tres altos oficiales del Ejército, en esa Fuerza "ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos", y que "las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares".
Asimismo, señaló que la instrucción del alto mando militar compensaría con "incentivos" los logros alcanzados por las tropas, las cuales podrían "aliarse" con grupos criminales y paramilitares para mejorar la efectividad de las operaciones militares, igual que como sucedió en años anteriores durante las prácticas de los "falsos positivos".
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El Ministro de Defensa colombiano cuestionó el artículo de The New York Times y dijo que el título del mismo fue cambiado tres veces.
"El titular de este prestigioso diario fue modificado en tres oportunidades, en alguna de las titulaciones excluyó a los civiles y es conveniente que se haga una revisión crítica de este artículo", dijo Botero.
Por último, dijo que el Gobierno colombiano garantiza la seguridad de Casey, quien el domingo informó que dejó el país luego de que la senadora María Fernanda Cabal, del partido derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe) publicó en Twitter dos fotografías de Casey en 2016 mientras éste hacía su trabajo periodístico en medio de los entonces guerrilleros de las FARC.
Entre 2002 y 2008 (durante el Gobierno de Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de "falsos positivos", con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, aunque las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
