"Ya se van a cumplir tres años de la firma del acuerdo y nos parece oportuno poner un plazo, y hemos pensado inicialmente que debería ser el 31 de diciembre de este año", dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, según declaraciones difundidas por su despacho.
"Nosotros entendemos que las víctimas deben ser y seguir siendo el centro de la atención y de la aplicación de este acuerdo. Está previsto que los recursos que se recojan van orientados a las indemnizaciones, preferiblemente, colectivas de las víctimas", agregó Archila.
Explicó que de los 542.000 millones de pesos (unos 159,4 millones de dólares) que las FARC reportaron en el inventario de bienes y recursos para entregar con destino a la indemnización de las víctimas, solo se han "monetizado" efectivamente "un poco más de 3.000 millones de pesos (unos 882.000 dólares)".
"Nosotros pensamos que para proteger a las víctimas es importante que exista un plazo, de manera que exista la temporalidad para que ellos tengan que cumplir", enfatizó.
Por último resaltó que esta medida no tiene que ver con algún ultimátum al partido FARC.
"La FARC tienen unas obligaciones, nosotros tenemos unas obligaciones, y es importante que esas obligaciones se vayan cumpliendo (...) nosotros estamos absolutamente convencidos de que los 12.000 excombatientes (desmovilizados), sus dirigentes y mandos medios están convencidos de que este proceso lo vamos a sacar adelante", concluyó.
“Proyecto de decreto sobre bienes es un nuevo ataque al acuerdo de paz en la estrategia de hacerlo trizas. Consideramos que es inconstitucional y que con él se pretende justificar los incumplimientos del Gobierno a partir de construir por decreto incumplimientos de la contraparte”, consideró el exguerrillero.
Alape, quien hizo parte de los diálogos de paz en La Habana, sostuvo que el compromiso de su partido y de los excombatientes es de “cumplir integralmente lo contenido en el Acuerdo de Paz”.
Por último precisó que “frente a la disposición de los bienes de lo que representó el patrimonio de guerra” de las FARC, los excomandantes de la antigua guerrilla han puesto sus esfuerzos “para que se ejecuten las operaciones de recepción de dichos bienes”.
La antigua guerrilla ha sostenido de manera reiterada que no cuenta con recursos para reparar a las víctimas y que corresponde al Estado realizar dicha reparación al permitir y hacer parte del conflicto armado.