"Es muy importante que la derecha no haya logrado imponer su anteproyecto de ley de reconciliación nacional, que era una amnistía disfrazada, pero ahora toca diseñar una propuesta que responda a los intereses de las víctimas, y no de los victimarios", explicó a esta agencia Pérez, vocero de las asociaciones de víctimas de la guerra civil.
Esta sería la segunda prórroga que pide el Legislativo sobre el tema, pues la Sala declaró inconstitucional en junio de 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993, y había dado hasta julio de 2019 para presentar una normativa que cumpliera los referidos cánones.
Los derechistas partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Concertación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC) se quedaron solos y divididos en su intento de pasar una ley concebida para que los violadores de derechos humanos no pisaran cárcel ni sus víctimas tuvieran una reparación, explicó Pérez.
Los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), Cambio Democrático (socialdemócrata), Gran Alianza por la Unidad Nacional (derecha) y el diputado independiente Leonardo Bonilla defienden que para la Ley de Reconciliación sea tomada como referencia la propuesta de las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 y jefa de la bancada de izquierda, reiteró que el Frente impulsó la participación de las víctimas en los debates para la elaboración de dicha ley, pero la derecha (mayoritaria en esta legislatura) se negó.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.
La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.
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