Ni facilitó la votación de miles de ciudadanos partidarios de la separación de España ni conspiró con el Ejecutivo catalán para orquestar la consulta que culminó con una declaración de independencia fallida y el encarcelamiento de los principales líderes del movimiento.
El Ministerio público no pudo acreditar ninguno de los delitos por los que solicitaba 10 años de cárcel y otra década de inhabilitación para Trapero y tres altos mandos del cuerpo policial catalán.
Se trata de una nueva decisión judicial que toca de lleno al movimiento a favor de la independencia de Cataluña, aunque esta vez en clave positiva después de varias condenas consecutivas contra políticos y líderes sociales.
Sus partidarios ven en la absolución de Trapero una victoria para el proceso secesionista que pone en cuestión las anteriores sentencias en torno al referéndum que mantienen en prisión a dirigentes como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell.
Trapero, de héroe a repudiado
"Como conclusión la prueba desacredita la hipótesis de que el acusado Sr. Trapero se hubiera puesto de acuerdo con los responsables del proyecto independentista, comprometiendo al cuerpo de Mossos d'Esquadra, para impedir por medio de un alzamiento público y tumultuario las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Fiscal Superior y de la Magistrada Instructora del Tribunal Superior", concluye la resolución de la Audiencia Nacional.
Trapero había sido comisario jefe de los Mossos desde 2013 y no fue hasta abril de 2017, bajo la presidencia de Puigdemont, cuando ascendió a la posición de mayor, un cargo que estaba vacante desde 2008.
Unos meses más tarde, su gestión de los atentados yihadistas de agosto en Barcelona y Cambrils le catapultó al frente de la opinión pública y le convirtió en una figura apreciada en Cataluña.
La gloria duró poco: el referéndum de octubre y las movilizaciones que lo acompañaron pusieron a Trapero y al cuerpo de los Mossos en el ojo del huracán, acusados de pasividad mientras los cuerpos de seguridad del Estado realizaban duras cargas contra manifestantes.
La misma actuación que le valió el cariño de los sectores independentistas supuso el enfrentamiento con el teniente coronel de la Guardia Civil española, Diego Pérez de los Cobos, designado por el Gobierno para coordinar el dispositivo policial del referéndum.
También dirigió duras declaraciones contra Trapero, acusándole de haber colaborado con los independentistas, un argumento sobre el que la Fiscalía construyó su relato.
Esta tesis queda ahora rebatida por la Audiencia Nacional, que descarta cualquier indicio de connivencia entre el mayor y el Gobierno independentista.
Y aunque la Fiscalía estudia un posible recurso, el fallo despeja muchas de las dudas que habían recaído sobre la figura de Trapero, que pese a conservar el cargo de mayor pasó los últimos tres años relegado a tareas administrativas a la espera de una sentencia.
Prudencia no significa complicidad
En sus 96 páginas, la sentencia de la Audiencia desmonta con contundencia los argumentos de la Fiscalía y la Guardia Civil y avala el testimonio de la excúpula de los Mossos, que descartó cualquier alineación de Trapero con el proceso soberanista.
Los magistrados descartan que hubiera un acuerdo entre los acusados y los líderes políticos para poner el aparato policial al servicio de los fines independentistas.
Destacan además los magistrados que la Policía catalana contaba incluso con un plan para detener a Puigdemont si declaraba la independencia.
Sobre la supuesta "pasividad" de los Mossos el día de la votación, la sentencia considera que el cuerpo liderado por Trapero centró su actuación en "minimizar los daños" a la vez que cumplía el mandato judicial.
Ese día, la Policía catalana priorizó la mediación con los civiles y la contención frente a las cargas policiales que efectuaron la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El fallo destaca que Trapero tuvo en cuenta la integridad de los miles de civiles que fueron a votar y que esa "prudencia" no puede ser considerada "como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales".
En cuestión la condena por el 1-O
Además del golpe contra las tesis de la Fiscalía y la Guardia Civil, algunos sectores independentistas apuntan a que la sentencia de Trapero pone en cuestión el fallo del Tribunal Supremo de España contra los principales líderes secesionistas
El denominado juicio del "procés" en el Supremo culminó con penas de entre 9 y 13 años de cárcel para la mayoría del Gobierno de Carles Puigdemont, que se marchó a Bélgica para evitar ser detenido y juzgado.
Por estos hechos, Forn se encuentra cumpliendo una condena de 10 años y medio de cárcel.
Esto contrasta con la resolución de la Audiencia, que descarta cualquier intento de los Mossos de facilitar la consulta y cumplir órdenes procedentes del Gobierno independentista.
"Con esta decisión se abren todavía más dudas sobre la sentencia del Supremo", manifestó el exconsejero de Interior encarcelado a través de las redes sociales.
"Me alegro mucho de su absolución (...) pero la injusticia continúa, porque por un lado se ha dado crédito a unos responsables policiales españoles que sabían que estaban construyendo un caso sin fundamento. Y mintieron", dijo por su parte Puigdemont.
El expresidente Torra se unió a las críticas y advirtió en Twitter que "esta sentencia hace todavía más injustas el resto de condenas" contra los políticos catalanes.
Estic molt content per l’absolució del major Trapero, Cèsar Puig, la intendent Laplana i en Pere Soler, però aquesta sentència encara fa més injustes les condemnes de la resta de presos polítics. Cada dia sense aturar la repressió és pura venjança https://t.co/KaiCw3knRX
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 21, 2020
La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme, por lo que si la Fiscalía presenta un recurso ante el Supremo la causa contra Trapero podría llegar al tribunal que condenó a los políticos catalanes.