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Uruguay endurece penas por microtráfico de drogas y condena a madres e hijos

© Foto : Pixabay / @Ichigo121212Prisión.
Prisión. - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — Dona vive en Uruguay, tiene cuatro hijos a cargo y en agosto fue condenada a cuatro años de prisión por intentar ingresar a la cárcel 56 gramos de marihuana para su pareja.
Su historia impactó en la opinión pública y encendió las alarmas por lo severo de la sanción y por el impacto que tendrá en sus hijos, que no contaban con ningún familiar que pudiera hacerse cargo de su situación.
El caso de Dona, de 39 años, no es único.
En las cárceles uruguayas hay 50 presas embarazadas o recluidas junto a sus niños. En promedio tienen 28 años y algo más de la mitad son primarias (54%), según el último informe de la oficina del comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario que presenta cifras hasta septiembre de este año.
De ellas, casi el 80% cometió delitos vinculados a la negociación, transporte o suministro de estupefacientes. En total son 930 las mujeres privadas de libertad en el país.
Elsa tiene 29 años y, pese a no tener antecedentes, fue condenada a cinco años y seis meses de prisión por delito de entrega de sustancia estupefaciente prohibida en grado de tentativa y especialmente agravado por haberse cometido en el interior de una cárcel. También tiene cuatro hijos, que ahora viven con su madre.
Andrea, de 22 años, también es primaria y tiene una condena de cuatro años por intentar ingresar droga a un establecimiento. Vive con su hijo de menos de un año en la Unidad N°9, destinada a mujeres con niños menores de cuatro años.
Esther tiene 28 años y enfrenta prisión por un delito similar. Tiene tres hijos, pero tuvo que elegir a uno solo para que conviva con ella.
Estas son solo algunas de las historias.
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En 2020 una reforma legislativa, incluida en la Ley de Urgente de Consideración (LUC), impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, endureció las penas para estos delitos a entre cuatro y 15 años de penitenciaría.
En el último año el número de mujeres privadas de libertad en Uruguay creció 26%, detalla el informe.
El artículo 74 de la LUC, que retoma el contenido de un decreto de 1974, elimina la posibilidad de aplicar penas alternativas a la prisión para los delitos de microtráfico, lo que explica el aumento de presas en el último año.
Esta situación preocupa a los defensores públicos, que tienen 90% de los casos penales.
En diálogo con Sputnik, la abogada defensora pública penal e integrante de la comisión de género de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) María Noel Rodríguez Nader explicó que en este país todas las personas que no tienen antecedentes tienen la posibilidad de ir "a libertad a prueba", es decir, medidas alternativas a la prisión ante determinados delitos
Sin embargo, con la nueva norma esa opción no aplica para los casos relacionados con estupefacientes y las personas que cometen ese tipo de delitos deben cumplir prisión efectiva, aunque sean primarias, añadió.
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La abogada opina que la situación de estas mujeres y sus hijos, que en muchos casos terminan viviendo en instituciones estatales a falta de familiares que puedan cuidarlos, es "un daño colateral de la política legislativa de aumentar las penas por drogas", a pesar que desde Adepu se advirtió sobre este tema.
Se trata de un delito, que según Rodríguez Nader, no diferencia sustancias ni cantidades: "podemos tener casos, como ya tuvimos, de personas condenadas a cuatro años de prisión por querer entrar 17 gramos de marihuana a la cárcel".

Mirada reduccionista

En los últimos años el discurso y la discusión sobre la seguridad pública en Uruguay pasa por "la receta mágica de que aumentando las penas va a aumentar la percepción de seguridad", pese a que se demostró que no tiene impacto.
Esto opina Valeria Caggiano, integrante de la Mesa de Trabajo Sobre Mujeres Privadas de Libertad, un espacio de articulación interinstitucional compuesto por sectores de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad de la República.
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Caggiano dijo a Sputnik que se trata de una mirada que reduce a la dimensión individual y particular de quien comete el delito todas las circunstancias sobre por qué lo hizo, cuáles son las oportunidades que esas personas pudieron transitar a lo largo de su vida y cuál fue el rol de la sociedad y el Estado en ese camino.
Las mujeres que cometen delitos de microtráfico muchas veces viven situaciones de presión y violencia, incluso por parte de personas que están privadas de libertad, explica Caggiano.
"Estamos hablando de un fenómeno un poquito más complejo en el que, a priori, el aumento de pena no vendría a jugar el rol de desestimular la conducta delictiva", expresó.

Penas alternativas

El delito de microtráfico no es algo nuevo en Uruguay, las mujeres siempre ingresaron droga a las cárceles y fueron sancionadas por eso, solo que con medidas diferentes, recuerda Rodríguez Nader.
La abogada opina que este país está incumpliendo normas internacionales al no tener en cuenta las Reglas Bangkok, que recomiendan evitar la prisión para las mujeres con hijos a cargo "y fomentar, en los casos en los que sea viable, otro tipo de medidas alternativas a la privación de libertad", ni las del comisionado parlamentario, que solicita lo mismo.
Frente a este panorama desde Adepu preparan un proyecto de ley para proponer una solución al problema.
"Creemos fuertemente que no es solo criticar, hay que solucionar [este tema] rápido y en eso estamos", dijo y detalló que el proyecto busca medidas alternativas.
"Desde Adepu estamos muy convencidos de que las medidas alternativas son la única solución a esto, estamos hablando de mujeres primarias, no puede ser que a la primera caigan presas y tengan que cumplir esas condenas durísimas", expresó.
La oposición uruguaya y la sociedad civil impulsan un referéndum para derogar 135 artículos de los casi 500 que tiene la LUC, uno de ellos es el 74.
La defensora, que aclaró que desde Adepu no hacen campaña contra la normativa y solo hablan de lo que implica en los hechos, explicó que en caso de derogarse, se volvería "casi" la situación previa a esta ley.
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No va a ser igual porque la LUC también derogó la suspensión condicional del proceso, que habilitaba una salida no punitiva para los crímenes leves de personas primarias, y eso se mantendría, pero se eliminaría el piso de los cuatro años de prisión.
Rodríguez Nader y Caggiano coinciden en que a la hora de legislar parece no ser tenido en cuenta el fuerte impacto que la privación de libertad de mujeres tiene en los niños que son separados de sus madres,que tienen que crecer en la cárcel o ser institucionalizadas.
En ese sentido, la abogada manifestó que sería importante que los legisladores estuvieran, por ejemplo, en una audiencia de formalización donde una mujer va a entrar con su hijo o hija a la cárcel para ver "la realidad de lo que está detrás de la letra, porque ellos quisieron con ese agravante castigar el manejo de droga dentro de la cárcel pero se les escapó lo que pasaba con estas mujeres y las infancias".
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