Veto parcial en Ecuador a ley de aborto por violación enciende polémica
20:35 GMT 17.03.2022 (actualizado: 20:38 GMT 17.03.2022)
© REUTERS / Karen Toro
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QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, encendió una polémica al vetar parcialmente una ley que norma el aborto por violación, aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional y por la que han luchado por más de 100 años las mujeres ecuatorianas, desde diversos ámbitos y de diversas formas.
La decisión presidencial disgustó tanto a los grupos denominados provida como a quienes defienden la interrupción del embarazo por violación, aunque expertos sostienen que el veto es inoficioso pues las mujeres no pueden ser judicializadas por abortar tras embarazarse como fruto de una violación pues esta acción ya se despenalizó en el país andino.
Los grupos feministas sostienen que el presidente, de tendencia conservadora, busca poner obstáculos a la práctica del aborto, estableciendo en el veto su concepción personal en una ley, lo cual, dicen, "es inconstitucional; no es de un Estado laico".
"El aborto en caso de violación está despenalizado. Las mujeres no pueden ser judicializadas, esa es una decisión inapelable que consta en la sentencia de la Corte del año pasado. No hay vuelta atrás; no va a haber ley que impida que las mujeres aborten en caso de violación", dice a la Agencia Sputnik Virginia Gómez de La Torre, directora de la Fundación Desafío, una organización no gubernamental que busca la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Maternidad no puede imponerse
En abril del año pasado, con siete votos a favor y tan solo dos en contra, la Corte Constitucional, la máxima del país, despenalizó el aborto por violación, tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada en julio de 2019 por representantes de las organizaciones Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
La petición pedía declarar la inconstitucionalidad de dos normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referidas al aborto consentido, que determinaban que la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, y que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con prisión de seis meses a dos años.
Uno de los argumentos de los jueces de la Corte Constitucional fue que la maternidad no puede ser impuesta porque se convertiría en una forma de tortura a las víctimas
14 de marzo 2022, 21:38 GMT
En abril pasado, el máximo organismo de justicia también ordenó la expedición de una normativa para regular la interrupción del embarazo por violación, que es lo que hizo la Asamblea el mes pasado, tras una serie de desencuentros y polémicas sobre todo por los plazos para el aborto.
Veto no sorprende
En la noche del lunes 14,, Lasso dio a conocer su veto parcial, que aunque indignó a los grupos de mujeres que defienden el aborto por violación, no sorprendió pues desde el año pasado el mandatario advirtió que podría vetar la ley "si excede lo que determinó la Corte Constitucional".
Al aprobar la ley de interrupción del embarazo por violación, el pasado, 17 de febrero, los legisladores establecieron un máximo de 12 semanas de gestación para que se practique el aborto para esos casos y un plazo excepcional hasta las 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades indígenas.
El martes 15, Lasso dijo que al ser todos los ecuatorianos iguales ante la Constitución y las leyes, los plazos se deben unificar tanto para casos en el sector rural como en el sector urbano en 12 semanas, pues establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a ese principio.
En el veto el mandatario ecuatoriano estableció 61 textos alternativos con objeciones.
22 de febrero 2022, 02:03 GMT
Objeción de conciencia
Entre otras cosas, Lasso dijo que la normativa no desarrolla adecuadamente el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, que la ausencia de requisitos genera inseguridad jurídica para los médicos y prestadores de salud, y que la Asamblea Nacional dio al aborto por violación la categoría de un derecho humano fundamental, lo cual es contrario al ordenamiento jurídico.
"No vivir un embarazo no deseado, producto de violación, es un derecho que está consagrado en la Constitución: tomar decisiones libres y responsables en la vida sexual y reproductiva; una violación es una vulneración a ese derecho constitucional, por lo tanto abortar en caso de violación se convierte en un derecho, aunque él diga que no", enfatiza De la Torre.
Grupos de feministas, activistas y de personas que defienden el aborto por violación se están organizando en dos frentes: en el legal, para actuar contra el veto presidencial, y a través de protestas y marchas, que se vislumbran fuertes en contra del Gobierno de Lasso por su veto a la Ley y por "poner en riesgo a niñas, mujeres y profesionales de la salud".
De acuerdo con datos oficiales, anualmente más de 3.000 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en Ecuador, y el 12% de las jóvenes de 10 a 19 años han estado embarazadas al menos una vez, muchos de esos casos a consecuencia de una violación.
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