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Unicef alerta de que las redes de trata "acechan" a los menores huidos de Ucrania a Europa

© AP Photo / Hermann J. KnippertzLogo de la UNICEF
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MOSCÚ (Sputnik) — Las redes de trata de personas y explotación infantil acechan a los menores de edad huidos de Ucrania. Esa es la advertencia del presidente de Unicef en España, Gustavo Suárez Pertierra, quien alerta de que ya "empiezan a detectarse" este tipo de problemas entre quienes llegan a suelo español huyendo del conflicto en su país.
"Están acechando las redes de trata que afectan a niños y mujeres. Las tenemos perfectamente detectadas en la frontera y ya empiezan a detectarse en España", alertó Suárez Pertierra en una comparecencia el 23 de marzo ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia en el Congreso de los Diputados.

Un niño cruza la frontera cada segundo

Según explicó, Ucrania cuenta con una población de 7,5 millones de niños, de los que al menos 1,6 millones ya abandonaron el país tras el inicio de la operación militar lanzada por Rusia. La previsión es que España reciba alrededor de 100.000 de esos menores. Los datos de Unicef apuntan a que, cada segundo que pasa, un menor de edad se convierte en refugiado en las fronteras de Ucrania, lo que para Suárez Pertierra supone "sin duda el mayor movimiento de refugiados europeos desde la Segunda Guerra Mundial".
Al contrario que en ocasiones anteriores, la Unión Europea respondió con una política de puertas abiertas, aplicando por primera vez la directiva que permite la protección temporal de quienes huyen del conflicto, garantizando a los desplazados derechos de residencia, libre circulación, empleo, asistencia médica o acceso al sistema educativo.
Pese a ello, el trayecto de las personas refugiadas está plagado de dificultades, algo que según Unicef se evidencia de forma más clara en los menores de edad. "Como ocurre siempre con estas situaciones, los niños se ven más afectados de una manera desproporcionada debido a sus vulnerabilidades y necesidades especiales. Los niños privados del cuidado de sus padres corren un mayor riesgo de violencia, de abuso y explotación", explicó Suárez Pertierra.
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En esa línea, el responsable de Unicef en España llamó la atención sobre "el importante número de niños y niñas que están sin identificar" porque "muchas veces los países no pueden compartir los registros" de quienes cruzan sus fronteras, lo que les aleja de los sistemas de vigilancia por parte de la administración, aumentando el riesgo de que caigan en manos de redes criminales.
"Una vez más, cuando se produce una crisis migratoria, se evidencia que las políticas migratorias europeas no prevén mecanismos suficientes de protección de la infancia migrante y refugiada", lamentó Suárez Pertierra, que urgió a las autoridades a registrar a todos los menores que lleguen para ofrecerles protección y garantizar, por ejemplo, su acceso a la educación para que "la vida de los niños no quede en suspenso".
En su intervención ante el Congreso, Suárez Pertierra destacó especialmente la necesidad garantizar elementos de protección sobre los menores no acompañados, sobre los que se concentra "todo lo peor que pueda sucederle a un niño porque son refugiados, son menores y están solos, lo que les deja expuestos a todo tipo de vulneraciones".

Aprovecharse de la tragedia

El responsable de Unicef dijo no poder ofrecer por el momento ningún dato nominativo acerca de la actividad de las mafias sobre las personas refugiadas porque "la casuística es enorme y todavía es muy pronto", pero insistió en que, la información que llega desde las personas que trabajan directamente con los refugiados es que "estas situaciones ya se producen".
Un ejemplo de ello es la información ofrecida este mismo 24 de marzo por la Policía Nacional de España, que detuvo en la ciudad de Alicante –donde se encuentra uno de los mayores centros de acogida de ucranianos del país– a dos mujeres de origen ruso por estafar a refugiados en la realización de sus trámites para obtener protección.
Según el relato de las autoridades, las arrestadas, madre e hija, captaban a las víctimas en las colas de las comisarías, donde simulaban que trabajaban con la Policía para, aprovechándose del desconocimiento de los recién llegados, cobrarles determinadas cantidades de dinero –250 euros por adulto y 150 euros por niño– por hacer sus trámites.
"Las arrestadas, que habían desempeñado durante años la labor de intérpretes oficiales a través de una empresa, conocían perfectamente los trámites a realizar por lo que aportaba mayor credibilidad al engaño y además, entraban y salían de las dependencias policiales simulando trabajar con los agentes”, señala la Policía en un comunicado.
La presunta estafa no acababa con la obtención del dinero de sus víctimas, sino que, cuando los afectados detectaban el engaño y reclamaban la devolución de su dinero, las detenidas les amenazaban diciendo que tenían capacidad para anular los trámites y cancelar los documentos recién obtenidos.
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El suceso pone de manifiesto que, tal y como alerta Unicef, los desplazados por el conflicto en Ucrania se encuentran en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que es terreno abonado para que estafadores, mafias y redes de explotación se aprovechen de ellos, algo ante lo que Suárez Pertierra llama a responder "fortaleciendo con carácter permanente la respuesta de España a las necesidades de atención, protección e integración social" de los refugiados.
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